Lo primero que quiero "postear" es un escrito que hice para la postulación a una maestría hace algunos meses, en el contexto de una posible reforma a la Salud que se tramitaba en el Congreso de la República...
Hasta 1993 los servicios de salud en Colombia se prestaron mediante un modelo que contemplaba 4 escenarios: el cuidado –paternalista- del Estado a quienes no podían pagar su atención, el aseguramiento de los trabajadores (mediante el Instituto del Seguro Social-ISS), el amparo de regímenes especiales (maestros, fuerzas militares, sector comunicaciones), y la contratación particular de pólizas (medicina prepagada). Dadas las altas tasas de desempleo e informalidad, la cobertura de los 3 últimos difícilmente alcanzaba 15% de la población, y la falta de gestión efectiva por parte del gobierno, manchada de malversación, jamás logró metas siquiera razonables para el primero.
Ese año, se promulgó la Ley 100, un intento de reformar el sistema de salud y seguridad social mediante mecanismos construidos a partir de principios como solidaridad, equidad y universalidad. La población general, sin perjuicio de lo establecido para militares y prepagadas, fue distribuida –según su potencial de pago- en dos nuevos regímenes: contributivo (financiado con aportes de empleados y empleadores) y subsidiado (apoyado en recursos fiscales y parte de los del contributivo). Los servicios amparados para ambos regímenes (Planes Obligatorios de Salud-POS) fueron establecidos en sendos manuales, y el aseguramiento se tercerizó en entidades privadas (Empresas Promotoras de Salud-EPS), que –además de afiliar la población, recoger y distribuir los recursos- deberían contratar redes para prestar los servicios POS, entre centros públicos y particulares de práctica médica (Instituciones Prestadoras de Salud-IPS). Este modelo fue “importado” de países en los que parecía exitoso (p.ej. Reino Unido, Chile) pero no se tuvo en cuenta que subempleo y evasión, además de males propios de la intermediación- lo harían inviable a largo plazo.
Hoy, el sistema nuevamente hace aguas. El Gobierno debe aproximadamente USD2.500.000.000 a las EPS, por concepto de servicios no cubiertos (algunos prestados, otros no!), pasivos que aducen éstas para adeudar a las IPS alrededor de USD1.500.000.000, quienes a su vez aparecen ilíquidos frente a sus acreedores (personal sanitario y proveedores). Como los prestadores más afectados son las IPS públicas, únicas distribuidas por todo el territorio nacional, la mano de obra calificada se concentró en las capitales, para favorecer su práctica en IPS privadas, con mejores pagos y más estables. Por ello, gran parte de la población, aunque asegurada –este sistema acercó la cobertura a 90%-, no recibe oportunamente los servicios que necesita, elevando los costos de atención, pues el recurso que serviría para actividades de promoción de salud y prevención de enfermedad para muchos, se usa para pagar cirugías costosísimas para pocos. Galenos ambiciosos de dádivas prescriben servicios no sanitarios (pañales, jabones, anti-solares) u onerosos (última tecnología), EPS malversan recursos (construcción de condominios de lujo, viajes de placer para directivos), IPS encarecen sus servicios, farmacéuticas con amplísimos márgenes, pocos médicos especialistas por la pobre oferta educativa pública versus las altas tarifas privadas…
Recientemente, se tramitó una ley para modificar nuevamente el sistema, más fue rechazada por el gremio médico, pues perpetúa problemas actuales mientras revive otros, pero tampoco existe una contrapropuesta razonable. Necesitamos encontrar estrategias de negociación y conciliar posiciones, no solo por la gente: urge no matar la gallina de los huevos dorados: reducir beneficios, para no perderlos. Mezquinos, olvidamos la ética, la teoría de juegos, el ganar-ganar, los pisos tarifarios y otras opciones, a pesar de que quienes dirigen los intereses en salud en Colombia son economistas e ingenieros, pues los médicos no aprendimos a hacer cuentas, al menos no bien hechas.
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